Kirguistán opera como una república superpresidencial según la constitución de 2021, con el presidente Sadyr Japarov ostentando el poder dominante y un parlamento debilitado que actúa como sello de goma. El régimen ha intensificado las medidas autoritarias, incluida la represión de la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil. Los derechos humanos han disminuido en medio de leyes que frenan las protestas, las ONG y la libertad de expresión.