Malí opera un sistema obligatorio de reparto de beneficios definidos a través del INPS (sector privado) y CMSS (funcionarios públicos). Requiere 13 años de aportes para la pensión completa; las tasas de reemplazo suelen ser del 40% al 60%, con preocupaciones de sostenibilidad debido a la base impositiva limitada.

Las pensiones estatales a menudo son insuficientes para mantener los niveles de vida previos a la jubilación. Los planes de pensiones privados complementarios son poco comunes y se limitan principalmente a empleadores más grandes con afiliaciones internacionales.

El seguro médico obligatorio (CANAM) cubre entre el 70% y el 80% de los costes sanitarios y requiere copagos. El sistema público existe pero la calidad es limitada; Muchos jubilados dependen de los complementos de seguros privados para recibir una atención adecuada.